Introducción
la legislación ambiental salvadoreña, en particular la Ley de Medio Ambiente y su Reglamento, establece la obligación de someter las políticas, planes y programas públicos a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), con el fin de incorporar de manera anticipada las consideraciones ambientales en la toma de decisiones, analizar alternativas y orientar las decisiones estratégicas hacia opciones que reduzcan impactos negativos y sean coherentes con la política ambiental nacional. Por su parte, los Términos de Referencia del Banco Interamericano de Desarrollo señalan la necesidad de realizar una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE), entendida como un instrumento que integra el componente ambiental propio de la EAE para la toma de decisiones, y que además incorpora de forma explícita la dimensión social, incluyendo aspectos de género, vulnerabilidad, inclusión, gobernanza y gestión de riesgos, en concordancia con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID.